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Las asociaciones podrían perder el derecho a ejercer la acción popular

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21/01/2013
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La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está preparando el Ministerio de Justicia contempla la exclusión del ejercicio de la acción popular por parte de las asociaciones, sindicatos y partidos políticos.


Actualmente, el Ministerio de Justicia está trabajando en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se ha elaborado una propuesta que recoge la exclusión de la acción popular por parte de las asociaciones, partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas.

La acción popular es la acción judicial mediante la cual los poderes públicos y, en general, cualquier ciudadano o entidad está legitimada para instar la actuación de la Administración de Justicia en defensa de los intereses colectivos o difusos.

Esta figura tiene una gran importancia, ya que la mayoría de delitos afectan a intereses colectivos y la acción popular habitualmente es empleada por asociaciones independientes para denunciar este tipo de hechos.

Actualmente, los Tribunales están investigando muchos asuntos que fueron iniciados como consecuencia de la acción popular ejercida por asociaciones, partidos políticos y sindicatos. Por ejemplo: el caso de Bankia (iniciado por el movimiento del 15M ),Novacaixagalicia o el expediente contra el ex presidente de la Generalitat valenciana.

En la nueva regulación establece un conjunto de requisitos para ejercer la acción popular cuando la persona que lo interpone no sea víctima del delito. También excluye la posibilidad de ejercerla contra delitos económicos.

Otra novedad es que los fiscales, jueces y magistrados tampoco podrán ejercer la acción popular, y tampoco lo podrán hacer las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la Administración de Justicia.

Por lo tanto, si finalmente se aprueba el texto propuesto, las personas jurídicas no podrían ejercer la acción popular en defensa de los intereses colectivos, excepto que se trate de una entidad constituida para la defensa de las víctimas del terrorismo. Así, sólo podrían ejercer la acción popular a los ciudadanos españoles a título individual.

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