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Las Administraciones deben 640 millones a las entidades sociales catalanas

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19/11/2012
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El pasado 17 de diciembre la Taula d’entitats del Tercer Sector y la Confederación Empresarial de la Economía Social de Cataluña ofrecieron una rueda de prensa conjunta sobre la deuda que las Administraciones Públicas tienen con las entidades sociales.

Según la Taula y la Confederación, a fecha de 1 de octubre, la deuda que las Administraciones tenían con las entidades estaría en torno a los 640 millones. Esta cifra resulta del estudio realizado entre una muestra de 155 entidades que soportan una deuda de 75.240.369,88 €.

De estos 640 millones, 435 correspondería a la Generalitat, 155 a los ayuntamientos y 50 al Estado. En cuanto a la Generalitat, el 29% de su deuda proviene de subvenciones, el 28% de conciertos, el 22% de contratos, el 20% de convenios y el 1% restante a otras fórmulas.

Según estos datos, la deuda a fecha de octubre sería menor que la que se había calculado el pasado mes de febrero y que se estimaba en 899 millones.

Sin embargo, a pesar de esta reducción, que correspondería en su mayoría a la Generalitat, las entidades se encuentran en una situación crítica, agravada ahora por el anuncio del Departamento de Bienestar, que no cumplirá el compromiso de pagar antes de finales de año los 70 millones la deuda correspondientes a los conciertos del mes de julio.

En estas circunstancias, las entidades sociales se encuentran con graves dificultades para mantener la calidad de los servicios que ofrecen a los 1,7 millones de personas beneficiarias de su acción. Algunas de ellas, están viendo seriamente comprometida su viabilidad y, por tanto, la estabilidad de sus plantillas y la calidad de la atención a las personas beneficiarias.

En este sentido, según el estudio, el 90% de las entidades ha retrasado el pago de nóminas a los trabajadores durante este año y más de la mitad ha tenido que hacer ajustes en sus plantillas ya sea por la vía de los despidos, la no sustitución de bajas, la reducción acordada de salarios, etc.

Las entidades denuncian, además, que trabajar con la Administración ya no es garantía suficiente de solvencia a ojos de los bancos, que les están dificultando el acceso al crédito.

Por todo ello, las entidades sociales reafirman su compromiso para seguir ofreciendo servicios de calidad a sus 1,7 millones de beneficiarios pero, al mismo tiempo, dirigen el nuevo gobierno algunas reclamaciones para mejorar la situación y garantizar la asistencia a las personas más vulnerables, beneficiarias de la acción social de las entidades.

En este sentido, además de pedir la elaboración urgente de un plan de retorno de la deuda contraída por la Generalitat, las entidades también reclaman un compromiso por parte del nuevo gobierno que incluya la mediación con las entidades financieras para que faciliten la acceso al crédito y un pacto de país que garantice que la atención a las familias y a los colectivos más vulnerables no se verá afectada por nuevos recortes.

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