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Se acuerda la renovación de la gestión en los Centros de Internamiento de Extranjeros

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El Ministerio del Interior ha acordado elaborar un nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros, después de las numerosas quejas formuladas por las entidades del Tercer Sector Social en relación con la situación que sufren muchos inmigrantes en estos centros, donde se les trata como delincuentes.

Además de las entidades sociales, el Síndic de Greuges de Catalunya también ha alertado sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros(CIE), a raíz de las denuncias recibidas y de los hechos que se han ido produciendo, el último de ellos, la muerte de un joven de 21 años, en uno de estos centros en Barcelona.

Los cambios del reglamento de los CIE se adaptarán a las denuncias hechas, después de que desde la sociedad civil se iniciara una Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Con la nueva regulación se quiere reformar la gestión de estos centros, para garantizar que todas las funciones se llevan a cabo por parte de personal especializado, limitando así las funciones que hasta hoy tenia la policía, a tareas de seguridad.

El Síndic de Greuges ya denunció en el mes de Diciembre pasado que en el CIE de la Zona Franca se daban situaciones que podían favorecer el maltrato, aunque diferentes informes del Ministerio de Interior insisten en que la mayoría de estos centros se encuentran a 2/3 de su capacidad.

Aún así, desde diferentes entidades como SOS Racisme se denuncia el hecho de que las personas inmigradas que se encuentran en los centros de internamiento no son delincuentes y, por tanto, los CIE no tienen que convertirse en centros penitenciarios.

La definición de un Centro de Internamiento de Extranjeros es la de un centro público de carácter no penitenciario y con una finalidad preventiva y cautelar, según se establece desde el Ministerio del Interior, organismo responsable de los CIE.

Las quejas que han surgido últimamente sobre el funcionamiento de los CIE invitan a todas las fuerzas políticas y sociales a reflexionar sobre cuál es la política más adecuada en estos casos y cuál tiene que ser el seguimiento y tratamiento de estas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, y atendiendo a la definición de CIE habría que revisar si es necesario que una persona no delincuente tenga que estar privada de libertad durante un periodo de hasta 60 dias, plazo en el que se debe resolver una situación administrativa irregular, sea de denegación de entrada, devolución o expulsión.


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